El régimen venezolano, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, ha emitido una contundente orden de arresto contra cualquier persona que haya celebrado la captura del exmandatario Nicolás Maduro. Esta medida drástica busca reprimir cualquier manifestación de júbilo o apoyo hacia el arresto de Maduro por las fuerzas especiales estadounidenses, un evento que ha agitado profundamente el panorama político del país.
El decreto oficial, sorprendentemente firmado por el propio Nicolás Maduro a pesar de encontrarse detenido en Nueva York tras su primera audiencia ante un juez de Manhattan, donde se declaró "no culpable", establece una clara directriz para los cuerpos de seguridad. Según el documento, “los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal”. Esta formulación legal equipara la celebración de la captura con un acto de traición o colaboración con una agresión externa.
La respuesta a esta orden ha sido inmediata y severa, desencadenando una ola de detenciones y presuntos secuestros en distintas partes de Venezuela. Según reportes extraoficiales recabados este 5 de enero, decenas de periodistas y ciudadanos venezolanos han sido afectados por esta campaña represiva. La capital, Caracas, ha sido particularmente golpeada, con informes que indican el presunto secuestro de al menos 14 periodistas, lo que ha generado gran preocupación en organizaciones de prensa y derechos humanos a nivel global.
Más allá de la capital, la represión se ha extendido a otras regiones. En Valencia, una de las ciudades más importantes del país, la activista de derechos humanos Ana Karina García denunció la detención de al menos 30 personas. García precisó que estos individuos fueron arrestados por la simple posesión de “mensajes o fotos de oposición en sus teléfonos”, lo que ilustra la naturaleza arbitraria y la amplitud de los criterios utilizados para llevar a cabo estas detenciones. La medida busca silenciar cualquier disidencia o expresión de alivio ante la situación del exjefe de Estado, intensificando el control sobre la población.
Estas acciones por parte de las autoridades bajo Delcy Rodríguez sugieren una estrategia de intimidación para consolidar el poder tras el vacío dejado por la captura de Maduro. La celeridad y el alcance de las detenciones ponen de manifiesto la grave situación de los derechos civiles y la libertad de expresión en la nación caribeña, con un palpable temor a las represalias entre la ciudadanía.
