La profunda crisis social, económica e institucional que paraliza a Bolivia ha trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un tema prioritario en la agenda de seguridad hemisférica de Washington. Este 4 de junio, el gobierno de los Estados Unidos emitió contundentes declaraciones en las que expresa su respaldo absoluto a la administración del presidente Rodrigo Paz, endureciendo drásticamente la narrativa frente a los sectores movilizados.
El Departamento de Guerra y la advertencia "narcoterrorista"
El giro discursivo más severo provino del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien a través de su cuenta oficial en la red social X (mensaje replicado y traducido por la Embajada de EE.UU. en Bolivia), enmarcó las protestas sociales directamente como una amenaza a la seguridad regional.
En su publicación, Hegseth advirtió: "El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas (A3C) rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente @Rodrigo_PazP en Bolivia".
El alto funcionario estadounidense fue más allá al sentenciar que "Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región" y garantizó que continuarán apoyando a sus socios para disuadir a quienes buscan "lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio".
Asistencia logística del Departamento de Estado
De manera paralela, el Departamento de Estado publicó un informe oficial (atribuido a su portavoz, Tommy Pigott) detallando una conversación telefónica sostenida este mismo jueves entre el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Rodrigo Paz.
El documento reafirma el "compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia en Bolivia" y respalda abiertamente la labor del Gobierno boliviano para reconstruir el país "tras veinte años de políticas socialistas fallidas".
Ante el inminente colapso humanitario en ciudades como La Paz, el Secretario Rubio confirmó que la administración Trump está "intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo a las operaciones logísticas" para enfrentar la grave escasez de alimentos y medicamentos. Asimismo, Rubio calificó explícitamente la medida de presión en las carreteras como "bloqueos ilegales" destinados a "desestabilizar la sociedad boliviana".
El Gobierno boliviano oficializa la narrativa
La asimilación de esta dura línea geopolítica por parte del Estado boliviano ha sido inmediata. A través de la Dirección de Comunicación (DIRCOM), el Gobierno emitió dos notas de prensa donde no solo difunde íntegramente las declaraciones de Estados Unidos, sino que asume como propia su terminología.
En su primer comunicado, el DIRCOM titula que Estados Unidos y la coalición Escudo de las Américas rechazan un "ataque narcoterrorista contra el gobierno de Paz Pereira". Expertos en análisis geopolítico señalan que la adopción de este concepto despoja a las movilizaciones de su carácter sindical o popular, proveyendo al Ejecutivo de la justificación argumentativa y diplomática necesaria para una eventual respuesta represiva militarizada.
Contexto: Alianzas, puente aéreo y preparativos militares
Esta sinergia comunicacional responde a la reciente adhesión de Bolivia al "Escudo de las Américas" (A3C), un pacto multilateral firmado en marzo de 2026 bajo el liderazgo de Washington para combatir cárteles e influencias extranjeras en la región.
En el ámbito táctico, el apoyo logístico estadounidense prometido por Rubio es vital para sostener el "puente aéreo" cívico-militar que, hasta el momento, ha logrado trasladar más de 631 toneladas de alimentos hacia la asfixiada sede de gobierno.
En tanto, el plano interno se prepara para escenarios de mayor confrontación. Con la reciente promulgación de la Ley 1731 —que restituye facultades al Poder Ejecutivo para movilizar a las Fuerzas Armadas sin declarar el colapso policial— y la designación del ex "zar antidrogas" Ernesto Justiniano como Ministro de Defensa, el alineamiento con Estados Unidos otorga a la administración de Rodrigo Paz un férreo blindaje internacional frente a un potencial despliegue militar para quebrar los bloqueos que mantienen en vilo al país.
