En medio de la crisis social por los bloqueos, la presencia de ciudadanos extranjeros en las movilizaciones ha generado un fuerte debate legal e institucional. El caso de la activista argentina Mercedes Trimarchi ha provocado tanto el pronunciamiento oficial de la diplomacia boliviana como duras críticas por la aparente lentitud operativa de la Dirección General de Migración.
El pronunciamiento de la Cancillería
Ante las imágenes difundidas en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial fechado el 27 de mayo en el que expresa su rechazo categórico a las declaraciones y acciones de Trimarchi, vinculada a la organización "Izquierda Socialista".
El documento diplomático revela una grave irregularidad: la activista se presentó públicamente como "diputada electa" para participar en las movilizaciones internas, pese a no ejercer actualmente ningún mandato legislativo en la República Argentina. La Cancillería calificó como "inadmisible e inaceptable" que actores políticos extranjeros usurpen calidades institucionales para emitir afirmaciones falsas contra el Gobierno boliviano.
Invocando el principio de no intervención de las Naciones Unidas y la OEA, el Estado remarcó que las diferencias deben ser resueltas exclusivamente por los bolivianos. Finalmente, la Cancillería "pasó la pelota" a la Dirección de Migración, señalando que corresponderá a las autoridades nacionales competentes adoptar las medidas pertinentes sobre su estatus migratorio.
Potestad exclusiva de Migración
Esta delegación de responsabilidades de la Cancillería coincide con el análisis del exdirector general de Migración, Marcel Rivas, quien en entrevista con Panamericana criticó al actual director de esta cartera por demorar las sanciones escudándose en una supuesta "coordinación" con la embajada o el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rivas fue categórico al señalar que, de acuerdo a la Ley 370 (Ley de Migración), esta institución tiene autonomía total para cancelar permanencias irregulares en cuestión de "cinco minutos" mediante una resolución administrativa, sin necesidad de intervención diplomática.
Cancelación de permanencia y aprehensión
Refiriéndose al caso de Trimarchi, Rivas indicó que ingresó bajo el convenio del Mercosur con un estatus transitorio de turismo, el cual prohíbe realizar asesorías o actividades políticas. Al violar esta condición, la ley manda declarar la permanencia irregular (Artículo 32) y proceder a su cancelación inmediata (Artículo 35).
Además, el exdirector detalló que mientras se ejecuta la orden de salida obligatoria, el Artículo 37 faculta a Migración, a través de la unidad de la Policía Migratoria (bajo tuición de Interpol), a aprehender a la persona extranjera si atenta contra el orden público nacional.
Consultado sobre otros ciudadanos extranjeros en las protestas, Rivas calificó la situación de "absolutamente preocupante" y denunció la presunta llegada de "agitadores políticos" internacionales. Instó a las autoridades a ejecutar las expulsiones y emitir resoluciones que prohíban el reingreso al país de estos infractores por al menos cinco años.
