Tras la conclusión de la primera sesión del Consejo Económico y Social por la Patria, impulsada por el presidente Rodrigo Paz en la ciudad de La Paz, el gobierno realizó un balance altamente positivo sobre el nivel de convocatoria y los primeros consensos alcanzados.
En contacto con Radio Panamericana, el Canciller del Estado, Fernando Aramayo, explicó que este espacio se constituye como una instancia nacional de diálogo, socialización y consulta. Su objetivo es fortalecer la participación de la sociedad en la construcción de políticas públicas y garantizar la gobernabilidad y gobernanza del país.
Pluralidad y desmentido de rumores
Aramayo resaltó la legitimidad del evento, revelando que se cursaron invitaciones a más de 150 instituciones y se registró una asistencia que superó las 1.300 personas. Entre los asistentes, destacó la participación activa de sectores como carpinteros, cuentapropistas, personas con capacidades diferentes, la CSUTCB, iglesias católicas y evangélicas, y la Cámara del Transporte.
Durante el encuentro, el gobierno aprovechó para desvirtuar campañas de desinformación difundidas en redes sociales. El Canciller fue enfático al aclarar la postura oficial del Ejecutivo frente a los sectores movilizados: "El presidente nunca ha hablado de privatización, el presidente nunca ha hablado de impuestazos". Lamentó que las autoridades deban invertir tiempo en aclarar información falsa en lugar de enfocarse netamente en proponer soluciones.
El diálogo está abierto, la impunidad no
Consultado sobre la persistencia de las movilizaciones y el anuncio de paros por parte de sectores como el transporte, Aramayo reiteró que el gobierno mantiene una vocación plenamente democrática y que las puertas del diálogo están abiertas para todos los sectores que deseen integrarse.
Sin embargo, el titular de Relaciones Exteriores marcó una clara línea divisoria entre la reivindicación social y los actos ilícitos. "Una cosa es dialogar sobre demanda social [...] otra cosa es tener que responder frente a la ley por delitos; los delitos, querido Oscar, no se negocian", sentenció.
En esta línea, recordó la existencia de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece que el bloqueo absoluto de carreteras y vías estratégicas no está protegido por el derecho a la protesta social, ya que vulnera derechos fundamentales como el acceso a la salud, alimentación, agua y educación. Advirtió que quienes atenten contra el Estado de Derecho y promuevan la sedición deberán responder ante la justicia.
Siguientes pasos: Trabajo regional
Como principal conclusión operativa de esta primera sesión, Aramayo anunció que el Consejo Económico y Social ingresará ahora a una fase de trabajo territorial. Se llevarán a cabo reuniones a nivel regional y departamental para especificar los portafolios de programas y proyectos de acuerdo a las particularidades de cada zona. Posteriormente, en un plazo estimado de un par de semanas, se presentarán los planes de trabajo definitivos en una nueva sesión nacional del Consejo.
