La Paz, 16 de julio de 2026 (Panamericana).– Lo que inicialmente fue presentado a nivel internacional como uno de los mayores golpes al narcotráfico en la historia reciente, ha dado un vuelco total. El caso denominado "Narcomaderas" ha sido cerrado oficialmente luego de que las autoridades bolivianas confirmaran que los cargamentos retenidos en puertos extranjeros arrojaron un "falso positivo" a sustancias controladas.
Descartan tráfico de drogas tras análisis científicos
El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó en las últimas horas que las pericias químicas realizadas tanto por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) como por laboratorios de organismos internacionales, concluyeron que no existía cocaína impregnada en las más de 1.000 toneladas de madera boliviana retenidas en el Puerto de Arica (Chile) y en la frontera con Brasil.
"No podemos destruir con ciertos indicios todo aquello que los empresarios construyeron y que le ponen el hombro al país durante más de 30 años", afirmó Mariaca en declaraciones a la prensa. La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que los reportes iniciales emitidos a finales de mayo por fiscalizadores extranjeros no pudieron ser ratificados por estudios científicos avanzados, por lo que se descartó por completo el delito de tráfico de sustancias controladas.
Ante la contundencia de las pruebas científicas que eximen a las empresas exportadoras, la Fiscalía emitió una resolución oficial de "cierre y rechazo" del bullado caso, paralizando los más de 50 allanamientos e intervenciones que se venían realizando desde junio en aserraderos de Pando, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Un impacto económico devastador
A pesar del sobreseimiento legal, el daño a la industria maderera nacional ya está hecho. El escándalo internacional provocó una crisis sin precedentes en el sector forestal boliviano, que a fines de junio se declaró en estado de emergencia.
De acuerdo con los datos del sector, la falsa alarma y la posterior paralización de los envíos generaron una caída del 66,1% en las exportaciones de madera. Las pérdidas acumuladas ascienden a 16 millones de dólares por la retención logística (hay al menos 60 contenedores aún varados en Arica) y la cancelación de contratos internacionales. En términos macroeconómicos, esto representa un impacto negativo de 183 millones de bolivianos para la economía nacional, poniendo en grave riesgo más de 200.000 empleos directos e indirectos.
Tras la aclaración del Ministerio Público, las cámaras empresariales y forestales exigen que se agilicen las gestiones diplomáticas para liberar inmediatamente los cargamentos en Chile y Brasil, y se limpie la imagen de las exportaciones bolivianas en el mercado europeo y norteamericano.
