La República Islámica de Irán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte contra disidentes, coincidiendo con el conflicto en Oriente Medio que ha captado la atención mundial. Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre un aumento preocupante en el uso de la pena capital por parte del régimen, que estaría utilizando el contexto internacional para llevar a cabo sentencias bajo un velo de secretismo e intimidación social, según The Guardian.
Durante 2026, al menos 145 personas han sido ejecutadas de forma confirmada. Sin embargo, se reportan más de 400 ejecuciones adicionales que aún no han sido verificadas, de acuerdo con datos de Iran Human Rights. Esta cifra subraya una aceleración en comparación con años anteriores y revela que la mayoría de estos castigos no se registran oficialmente, pues el relator especial de la ONU destacó que únicamente el 7% de los casos se hicieron públicos.
La situación se ha agravado significativamente tras las protestas masivas ocurridas en enero, las cuales resultaron en la detención de decenas de miles de individuos. Amnistía Internacional advierte que varias decenas de estos detenidos podrían enfrentarse a la pena de muerte.
Como consecuencia de esta represión, el acceso a la información ha sido restringido. Los cortes de internet impuestos por las autoridades dificultan el seguimiento de las ejecuciones y de los procesos judiciales en curso. Familiares de los arrestados denuncian recibir advertencias para evitar el contacto con terceros y la divulgación de sus casos a la prensa, lo que contribuye al clima de opacidad.
El caso de Peyvand Naimi, un hombre de 30 años, ilustra los métodos coercitivos del régimen. Tras ser detenido por participar en las protestas, Naimi fue mantenido más de un mes en aislamiento. Allí, según informes, fue sometido a falsas ejecuciones, torturas físicas y psicológicas, y coaccionado para realizar confesiones televisadas.
