Estados Unidos ha anunciado la incautación de activos relacionados con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por un monto estimado en más de 700 millones de dólares. Esta acción se enmarca en una ofensiva contra las alegadas redes de crimen organizado al interior del régimen venezolano.
Los bienes confiscados incluyen dos aviones privados de lujo, varias residencias ubicadas en Florida y República Dominicana —destacando una mansión en Cap Cana—, una granja de caballos, nueve vehículos de alta gama, así como grandes cantidades de joyas y efectivo. Esta medida forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para afectar las finanzas y operaciones internacionales relacionadas con Maduro y su entorno.
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, calificó estas acciones como un golpe al crimen organizado, comparando las operaciones del régimen venezolano con las prácticas de la mafia. Paralelamente, fue duplicada la recompensa por información que pueda conducir a la captura del mandatario, alcanzando los 50 millones de dólares, cifra récord ofrecida por Estados Unidos para una sola persona.
El gobierno venezolano ha rechazado las afirmaciones, calificándolas de propaganda política, mientras la comunidad internacional observa con atención el avance de estas iniciativas para desmantelar las estructuras ilegales asociadas a la administración de Maduro.
Para ampliar sobre el contexto político y la relación bilateral, se puede consultar el informe del Departamento de Estado de EE. UU. y fuentes oficiales del gobierno venezolano.
PANAMERICANA.
