El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, informó sobre la reciente participación de Bolivia en una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se expuso la situación actual del país frente a los conflictos sociales. Según la autoridad, la administración del presidente Rodrigo Paz recibió un respaldo contundente por parte de representantes de Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Canadá y Guatemala, quienes rechazaron cualquier forma de desestabilización política.
En este escenario, el Ejecutivo boliviano solicitó formalmente el envío de una misión de embajadores para verificar los acontecimientos en territorio nacional y contrarrestar las campañas de desinformación internacional.
Tensión diplomática con Colombia
Respecto a la decisión de declarar persona non grata a la embajadora de Colombia, Isabel García, el canciller calificó como "completamente inapropiadas" las recientes declaraciones del mandatario Gustavo Petro, acusándolo de injerencia directa en asuntos internos. Aramayo cuestionó que el presidente colombiano intente presentarse como mediador mientras emite criterios políticos sesgados, difunde información falsa sobre supuestas muertes en las calles y califica los pedidos de renuncia presidencial como una legítima "reivindicación social".
No obstante, la autoridad aclaró que esta medida diplomática drástica no implica una ruptura definitiva de las relaciones bilaterales con el Estado colombiano, sino que constituye una exigencia de respeto a la soberanía boliviana y a los mecanismos del derecho internacional.
Denuncias de sedición y estado de excepción
En relación a las afirmaciones del Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien catalogó las protestas en Bolivia como un golpe en marcha financiado por redes delictivas, el ministro aseguró que esta postura internacional avala las advertencias previas emitidas por el Gobierno nacional. Aramayo argumentó que las movilizaciones incurren en sedición al rechazar sistemáticamente el diálogo, emplear altos niveles de violencia, atentar contra los servicios básicos y plantear como única demanda la dimisión del primer mandatario.
Finalmente, ante las consultas sobre la posibilidad de dictar un estado de excepción, el canciller indicó que, si bien se trata de un instrumento previsto en la Constitución Política del Estado, actualmente no existen las condiciones extremas que justifiquen su aplicación. Explicó que esta medida solo puede activarse cuando las fuerzas del orden y otras instancias de contención del Estado han sido completamente superadas, situación que, según su evaluación, no corresponde al escenario actual.
