El impacto de los 28 días de bloqueos ha asestado un golpe casi definitivo a los sectores productivos de menor escala en el país. En entrevista con el programa Micrófono Abierto de Panamericana, la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Helen Rivero, expuso la dramática situación de asfixia que atraviesan sus afiliados.
Unidades productivas al borde de la quiebra
Rivero expresó su profunda preocupación al revelar que el 90% de las unidades productivas en todo el territorio nacional se encuentran actualmente paralizadas. Explicó que el sector se encuentra "atado de pies y manos" debido a que los insumos básicos no llegan a las ciudades y, cuando logran hacerlo, registran un incremento de hasta el 200% en sus costos.
Ante este escenario crítico, la dirigente anunció que CONAMYPE está uniendo fuerzas con otros sectores duramente golpeados, como los gremiales y los choferes, para solicitar una reunión de emergencia con el Ministerio de Economía. El objetivo central de esta alianza es exigir un periodo de gracia de tres a seis meses para el pago de créditos bancarios, ya que resulta imposible cumplir con estas obligaciones financieras y con el pago de alquileres sin generar ingresos.
"Nos están terminando ya, por poco nos van a enterrar", lamentó Rivero, resumiendo la desesperación de los microempresarios.
Congreso suspendido y rechazo al paralelismo
En el ámbito institucional, la presidenta de CONAMYPE informó que el congreso nacional del sector, previsto originalmente para el 18 de mayo en la ciudad de Cochabamba, tuvo que ser suspendido a tan solo un día de su realización. La medida de fuerza mayor se tomó porque los ejecutivos y las bases del interior del país se vieron imposibilitados de viajar por el cerco en las carreteras. Rivero aseguró que las notificaciones formales de esta postergación fueron enviadas oportunamente a los ministerios correspondientes, incluido el Ministerio de la Presidencia.
Finalmente, Rivero fue tajante al desmentir las versiones sobre una supuesta división o el surgimiento de una dirigencia paralela en la institución. Aclaró que se trata de "dos o tres personas de a pie" que, con presuntos fines políticos, intentan usurpar el nombre de una organización que cuenta con más de 23 años de trayectoria orgánica. Aseguró que el Gobierno tiene pleno conocimiento de la representatividad legal y legítima de su directorio, y que ya ha puesto un alto a estos intentos de desestabilización institucional.
