La ex diputada nacional Soledad Pérez, impulsora de la Ley 1670 de alivio económico para prestatarios bancarios, alzó su voz de protesta este miércoles 7 de enero de 2026. Pérez denunció que el Gobierno, a través del Decreto Supremo 5503, ha alterado la "esencia" de la mencionada normativa, transformándola en una herramienta que favorece a la banca privada en lugar de apoyar al sector productivo, como era su propósito original. La ex legisladora calificó esta acción como una "manipulación" y anunció el inicio de acciones legales para revertir la situación.
Según Pérez, la Ley 1670 fue concebida para brindar respaldo a los prestatarios del sistema financiero, especialmente a quienes forman parte del ámbito productivo.
Sin embargo, con la promulgación del Decreto Supremo 5503, su contenido ha sido modificado de tal manera que, en lugar de ofrecer un alivio genuino a los deudores, termina beneficiando los intereses de las entidades bancarias. Esta situación, explicó la ex diputada Pérez, genera un profundo desmedro para miles de bolivianos que confiaron en la protección que ofrecía la ley inicial.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Helen Rivero, se sumó a las críticas y cuestionó la legitimidad de las negociaciones gubernamentales. Rivero manifestó su preocupación por el acercamiento de las autoridades con supuestos representantes de los prestatarios, quienes, a su juicio, carecen de la verdadera representatividad del sector afectado. La líder gremial Rivero enfatizó que estos "delegados" no representan los intereses de la micro y pequeña empresa, y que su aval al decreto solo agrava la percepción de una gestión poco transparente.
La denuncia de Pérez y Rivero pone en tela de juicio la voluntad del Ejecutivo de proteger a los sectores más vulnerables de la economía. La modificación de la Ley 1670 a través del Decreto Supremo 5503, y la participación de organizaciones que no gozan de legitimidad, según las denunciantes, son puntos clave que exigen una pronta aclaración por parte de las autoridades gubernamentales.
La ex diputada Pérez y la presidenta Rivero insistieron en que seguirán vigilantes y tomarán las medidas necesarias para defender los derechos de los prestatarios y del aparato productivo nacional.
