Diversos sectores productivos, incluidos empresarios, gremiales y transportistas, han anunciado que el 10 de febrero iniciarán una movilización en protesta contra la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite la confiscación de mercaderías en caso de que se encuentren retenidas o encarecidas indebidamente. Los actores económicos consideran que esta medida es extorsiva y afecta gravemente la estabilidad del sector.
La disposición autoriza el decomiso de productos como una medida preventiva para evitar la especulación de precios. Sin embargo, desde los sectores productivos se rechaza la medida, calificándola como arbitraria, y advierten que afectará el flujo comercial y las pequeñas empresas. Además, los sectores en conflicto están promoviendo una ley bancaria para beneficiar a prestatarios afectados por embargos y remates.
Aunque las autoridades del gobierno insisten en la importancia de la medida para proteger a los consumidores, señalan que continúan abiertos al diálogo con los sectores afectados. Sin embargo, algunos actores del sector productivo no asistieron a reuniones convocadas por el gobierno, lo que fue interpretado como una postura política, según el Ministro de Justicia, César Siles.
Ante este panorama, se prevé que el conflicto podría escalar, lo que complicaría aún más la situación económica del país, que ya enfrenta desafíos significativos.
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