Frente al pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) que demanda un incremento salarial del 20%, la Confederación de Gremiales expresó su rechazo oficial a la medida. En entrevista con Panamericana, el ejecutivo del sector, César González, argumentó que aprobar esta solicitud agravaría la situación económica del país y generaría una mayor inflación, con el riesgo de derivar en una "estanflación".
González sustentó su postura citando proyecciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevén un decrecimiento económico de entre 3.2% y 3.3% para el país. Ante este escenario, el dirigente propuso que el incremento salarial se congele "durante un par de años hasta que la economía se estabilice" y pidió a la dirigencia de la COB plantear soluciones integrales a la crisis en lugar de exigencias netamente remunerativas.
El representante gremial explicó el efecto en cadena que tendría un ajuste salarial en la economía informal. Señaló que el sector industrial trasladará el 20% adicional de sus costos operativos al precio final de los productos de primera necesidad. "El producto va a subir y la gente nos va a culpar a nosotros", advirtió González, expresando preocupación por las repercusiones comerciales en los mercados.
Por ello, el sector envió una nota al Gobierno Nacional exigiendo ser convocado a las reuniones sobre política salarial, planteando ampliar el formato para que la mesa de trabajo no sea solo tripartita, sino que incluya a otras representaciones. González recordó que los gremiales, transportistas y cuentapropistas constituyen 85 de cada 100 trabajadores en Bolivia. Enfatizó que este segmento poblacional soporta las consecuencias de la crisis económica sin gozar de beneficios laborales formales como el seguro de salud, la jubilación o los descansos en fines de semana.
En cuanto a las advertencias de algunos sectores del transporte urbano sobre una posible nivelación de pasajes si se aprueba el incremento salarial, González pidió actuar con "equilibrio". Observó que los cálculos operativos de los choferes suelen basarse en el costo de la gasolina, a pesar de que más del 80% de sus vehículos funcionan a gas natural. Sugirió buscar alternativas tecnológicas, como la conversión de motores a gas, en lugar de cargar más costos de forma directa a las familias bolivianas.
Finalmente, el ejecutivo gremial demandó equidad ante la ley, observando que la carga impositiva recae con fuerza sobre el sector comercial por cuenta propia, mientras que los trabajadores asalariados afiliados a la COB solo están obligados a presentar facturas a partir de ingresos equivalentes a tres salarios mínimos.
