"Este es un caso muy delicado que tiene su origen en la fiebre de nacionalizaciones", explicó Bernardo Wayar al analizar el conflicto legal que enfrenta a Bolivia con las administradoras de fondos de pensiones. Según el abogado, experto en arbitraje, el gobierno anterior rechazó negociar un periodo de transición de dos años con AFP Previsión y AFP Futuro, optando por una toma de control abrupta sin tener la capacidad técnica ni el software necesario para gestionar el sistema.
Uno de los puntos más críticos revelados en la entrevista es el abandono de la defensa legal del Estado. Wayar calificó de "inadmisible" que se haya dejado de pagar a los abogados internacionales contratados para el arbitraje. "Son equipos de 20 o 30 abogados, y no pagarles puede incidir en el resultado final", alertó.
El jurista advirtió que, si no se llega a un acuerdo de pagos tras un laudo desfavorable, Bolivia se expone al embargo de sus cuentas en el extranjero y de los ingresos por exportaciones. "Bolivia tiene hoy otra vez un serio riesgo de pagar esta cantidad millonaria", sostuvo, sugiriendo que el nuevo Procurador debe buscar un acercamiento inmediato para mitigar el daño.
Aunque Wayar descartó que la derrota legal sea producto de un sabotaje intencional ("no llego a ese extremo de pensar"), sí fue contundente al señalar la responsabilidad de las autoridades que impulsaron la nacionalización sin seguir los procedimientos legales de expropiación e indemnización. "Habrá que responsabilizar a estos campeones que dictaron decretos sin medir las consecuencias", sentenció.
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