"El Presidente dijo algo muy cierto: la Gestora no tiene plata, refiriéndose al pasado", aclaró Espinoza. Desglosó que los ahorros de los jubilados se encuentran invertidos en un 71% en el sistema financiero y más de un 20% en papeles del Tesoro General de la Nación (TGN). El ministro criticó que, en los últimos cinco años, el anterior gobierno utilizó estos fondos para financiar un déficit fiscal insostenible.
La nueva política busca diversificar el riesgo. "El flujo que recibe la Gestora ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado", anunció la autoridad. Esto no solo busca mejores retornos para los jubilados, sino también dinamizar la Bolsa Boliviana de Valores y ofrecer liquidez a empresas que quieran expandirse y generar empleo.
A futuro, el objetivo es que los aportes puedan invertirse "en cualquier parte del mundo donde la rentabilidad sea mayor", aunque Espinoza admitió que la actual escasez de dólares limita por ahora las operaciones en bolsas extranjeras.
El panorama institucional es complejo. El ministro reveló que la Gestora enfrenta un riesgo legal inminente: un litigio con las anteriores AFPs que podría costarle al Estado más de 171 millones de dólares. Solo los gastos legales de defensa en Nueva York ya suman 540.000 dólares este año.
Además, se anunciaron denuncias penales para los próximos días. Auditorías internas habrían detectado "compras que superan largamente los valores de mercado" y operaciones financieras sospechosas, como la compra de bonos del TGN a tasas excesivamente altas en mayo de 2024. Pese a las irregularidades, Espinoza garantizó absolutamente el pago de rentas y jubilaciones.
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