En esta jornada, corresponde encarar un tema que sin duda ya ha presentado nuevos elementos para el análisis y que aún no concluye, pues se mantiene latente en función de la reciente decisión de los cruceños.
Como es de conocimiento público, el pasado domingo, el cabildo de Santa Cruz determinó ratificar el paro indefinido y también otorgar 72 horas de plazo, para que se libere a las personas detenidas en el transcurso del conflicto.
Se ha mencionado que habría personas ilegalmente detenidas, pues incluso se habría producido la siembra de pruebas de parte de los efectivos policiales, para incriminar a las personas con supuestos hechos delictivos, por lo que corresponde rápidamente su liberación.
Además de ello, se ha lanzado la solicitud de que se debe elevar a rango de ley, el decreto supremo que fija la fecha del 23 de marzo del 2024, para la realización del censo de población y vivienda.
Lo que ha llamado la atención es un criterio que ha surgido recientemente, y que se vincula con la propuesta para una nueva relación política de Santa Cruz con el estado central, tal cual se la ha planteado.
Para la interpretación de muchos oficialistas, esta sería una nueva propuesta que retomaría la intencionalidad separatista nacional, que ya se había abordado en Santa Cruz hace algunos años.
A decir de algunos analistas, este criterio un tanto raro en esta ocasión tendría efectos sumamente negativos a la hora de una evaluación integral, pues si bien hay coincidencia de criterios respecto al tema del censo, ya hablar de otros escenarios políticos dejarían mucho que desear.
Incluso, se le estaría dando la razón al oficialismo, cuando habla de que la intención inicial del movimiento cruceño no estaba eminentemente vinculado al tema del censo, y que por el contrario, buscaría afectar la unidad nacional.
Recordemos que en varias ocasiones se han lanzado epítetos entre los actores políticos, en los que se cuestionaba las intenciones separatistas, que presumiblemente se ha encarado, aunque se presentaba rechazo a tal criterio, pues las demandas, se circunscribían a los intereses comunes de todos los ciudadanos a nivel nacional.
Por lo pronto, otros analistas mencionaron que el criterio cruceño de una nueva relación de su departamento con el gobierno, central ni siquiera obedece a intentos de avanzar en el denominado federalismo como se ha señalado.
Se dijo que contrariamente a lo que se piensa, se buscan un mayor incremento de ellos niveles autonómicos, para decidir y forjar el destino de Santa Cruz, pero desde la consolidación de las autonomías, pues en los hechos no habría mucho en ese ámbito.
Si bien en la Constitución Política del Estado se incorporó la figura de las autonomías, definitivamente se han mantenidos algunos mecanismos que preservan la centralidad a decir de muchos entendidos.
Lo cierto es que la discusión proseguirá, e independientemente de las valoraciones subjetivas, está claro que existen compromisos de las autoridades de gobierno, para llevar adelante el censo en la fecha definida, y también reforzar el mecanismo legal para garantizar la aplicabilidad de los resultados del censo, en las fechas previstas para el mismo 2024.
Por lo pronto, tendrá que aguardarse el avance de este tema y se insistió en que todos, debieran garantizar un mecanismo de consulta que no vaya en contra de los intereses comunes de los bolivianos.
PANAMERICANA.