Hoy es necesario abordar un elemento noticioso, que tiene que ver con el nivel de conflictividad que podría profundizarse en adelante, pues existen diversos temas que al parecer pueden coincidir en las expresiones callejeras.
Como es de conocimiento público, recientemente la institucionalidad cruceña, ha determinado no asistir a la convocatoria a diálogo de parte de las autoridades nacionales, en el marco de un encuentro que tendría que realizarse el 11 de octubre.
En este contexto, se puede afirmar que el censo sería un primer escenario de conflictividad, por la determinación de un paro de actividades de manera indefinida que se ha dispuesto en el cabildo de la semana anterior, si es que, hasta el cumplimiento del plazo otorgado, el gobierno no procede a viabilizar la decisión de realizar el censo el año 2023.
Es por ello, que se presentaron expresiones de preocupación, pues este elemento tiende a convertirse en un facto fundamental para la conflictividad. A pesar de valoraciones distintas del gobierno.
Precisamente las autoridades de gobierno afirman que este movimiento busca desestabilizar al gobierno y que los planteamientos son eminentemente políticos. Aunque, la exigencia que surge proviene de un gran cabildo realizado la semana anterior.
De todas maneras, se ha manifestado que debe primar el interés nacional y por ejemplo desde la iglesia católica se ha solicitado al gobierno atender y encontrar soluciones anticipadas al pedido cruceño. Pues, el nivel de conflictividad puede crecer y nadie quiere perjuicios con un paro indefinido.
Otro conflicto que marca preocupación, se vincula con el movimiento minero de Colquiri. Si bien hubo un acuerdo con el gobierno para derogar el Decreto Supremo 4738 suspendiendo medidas de presión, no está solucionado ni muchos, pues se trata de una manifestación integral a decir de ciertos analistas.
Estos expertos, mencionan que el gobierno está decidido a usar recursos económicos de todas las áreas para solventar responsabilidades. Pues, ya no es posible mantener las cosas como están, dado que existe una crisis económica que sería difícil esconder en adelante.
Según las informaciones, los trabajadores mineros reconocieron que las empresas públicas cumplen principalmente la función de generar excedentes para la redistribución al pueblo boliviano, a través de las políticas sociales.
Desde la pasada semana, los trabajadores de la mina Colquiri realizaron bloqueo en rechazo al decreto 4783 que establece que las empresas públicas aportarán con parte de sus utilidades para las políticas sociales, previa evaluación financiera. Los dirigentes manifestaban que con esta medida, se les estarían quitando parte de sus utilidades.
Otro conflicto que se ha observado, sobre todo en la Sede de Gobierno se vincula con la marcha y el pedido de los denominados ponchos rojos de la provincia de Omasuyos del departamento de La Paz, que solicitan desarrollo para ese sector.
Se busca un trato similar al que han recibido los pobladores del Chapare o Santa Cruz, decían los representantes de los ponchos rojos, en el marco de una marcha que derivó en algunos amagues de enfrentamiento con los efectivos policiales.
También se debe sumar expresiones de disconformidad de la gente, ante problemas en el ámbito de la justicia, tras la difusión de ese audio polémico y también en la economía, pues se denuncia una inusitada elevación de precios en algunos productos de primera necesidad.
En todo caso hemos querido describir algunos elementos que pueden convertirse en factores para la conflictividad que nadie quiere, por lo que se debe buscar soluciones rápidas a decir de los analistas.
PANAMERICANA.