Para hoy, vimos conveniente desarrollar algunas consideraciones, nuevamente en torno a la situación y conflicto en la Asociación de Productores de Coca de Los Yungas (Adepcoca), tomando en cuenta nuevos elementos informativos.
Como es de conocimiento público, recientemente se ha dado cuenta de la detención de una dirigente vinculada a Adepcoca, luego de haber entregado una misiva al nuevo defensor del pueblo.
Las informaciones daban cuenta que la dirigente de la Confederación de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) del sector Mujeres, Gudelia Botitano, fue aprehendida la mañana del miércoles 28 de septiembre, mientras otras dirigentes huyeron de la Policía.
En la persecución se supo que también otras personas, como la señora Mónica Lopez, fueron golpeadas por los efectivos policiales que las interceptaron en el barrio de Miraflores, a su retorno de las oficinas del defensor del pueblo en San Pedro.
Como se puede evidenciar se ha notado que los procesos judiciales se vienen desarrollando en el marco de la decisión que se había conocido con anterioridad, con las órdenes de aprehensión que fueron difundidas.
Ahora bien, en el marco estrictamente de los procesos judiciales, se ha manifestado que hay una suerte de discrecionalidad en la administración de los procesos, incluso en la tipificación de los delitos de parte de la Fiscalía.
Algunos medios de comunicación como Página Siete publican evaluaciones sobre la forma en que la justicia ha encarado este tema, pues se afirma que La Fiscalía y el Gobierno habrían catalogado a Adepcoca como una “organización criminal” e inició una persecución judicial; sin embargo, evita poner la misma etiqueta al grupo armado de Las Londras.
Se ha recordado que el 10 de agosto de este año, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de “organización criminal” de alcance internacional mientras exhibía públicamente a los productores de coca detenidos en los enfrentamientos en la zona de Villa El Carmen, La Paz.
Un informe policial dirigido a la Fiscalía también señala que en esa organización, estaría funcionando una “organización criminal” por lo que sus dirigentes y miembros tendrían que ser procesados judicialmente.
En este mismo contexto la diputada potosina de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, ha lanzado duras críticas al sistema judicial boliviano, pues en la jornada de este miércoles, se pudo observar dos casos extremos que desnudan su afinidad y subordinación política hacia el Movimiento al Socialismo.
Afirmó que mientas asumen medidas persecutorias hacia dirigentes de Adepcoca, se muestra una actitud sumamente contemplativa con el gobernador de Potosí, pues nuevamente se suspendió una audiencia judicial.
En todo este contexto hubo algunas aseveraciones y expresiones bastante duras para con el nuevo defensor del pueblo, pues algunos dirigentes de Adepcoca manifestaron que la nueva autoridad les habría tendido una trampa. Ya que se acordó que la nota sea entregada y precisamente en ese mismo momento se desata la acción policial de este miércoles.
En ese marco se ha mencionado que el conflicto en Adepcoca al parecer no se detendrá y se ha mencionado que se reactivarían algunas medidas de presión, o iniciativas como la pretensión de coordinar con otros sectores la creación de la Central de Trabajadores de Bolivia.
En todo caso se deberá aguardar más elementos en este conflicto que persiste en el escenario nacional.
PANAMERICANA.