El ex-Diputado Nacional, Rafael Quispe, ofreció una evaluación crítica de los primeros cien días del gobierno del Presidente Rodrigo Paz durante una entrevista con Panamericana. El señor Quispe manifestó que, en su balance general, los aspectos desfavorables para la nación predominan significativamente, aunque identificó un par de elementos positivos en este periodo inicial de la administración.
Según el análisis de Quispe, entre las acciones consideradas beneficiosas se destaca la decisión de levantar la subvención a los combustibles, una medida que el ex-legislador considera de importancia económica para el país. Asimismo, el ex-Diputado Nacional valoró positivamente la orientación internacional que ha adoptado la nación bajo la actual administración, apuntando a una postura que percibe como estratégica y adecuada en el ámbito global.
No obstante, el ex-Diputado Quispe enfatizó que estos puntos favorables son escasos frente a una serie de deficiencias y problemas que, a su juicio, han caracterizado los primeros cien días de la gestión del Presidente Paz. Aunque no se detallaron explícitamente todos los "elementos negativos", el señor Quispe expresó una clara preocupación por la falta de avances o la toma de decisiones que considera perjudiciales en otros ámbitos de la gobernanza.
Cambiando de enfoque, el ex-Diputado Nacional, Rafael Quispe, abordó la situación del mediático caso FONDIOC, donde se esperaban avances en las acciones legales contra la ex-ministra Nemecia Achacollo. Quispe advirtió categóricamente sobre una presunta "contaminación de la causa", lo que, según sus declaraciones, está obstaculizando un proceso judicial transparente y eficaz.
El ex-Diputado Quispe expresó su profunda inquietud ante la forma en que se están llevando a cabo los procedimientos judiciales en este caso sensible. Considera que la actuación inadecuada por parte de las instancias pertinentes podría derivar en la absolución de la ex-Ministra Achacollo. El señor Quispe subrayó que una resolución de este tipo, producto de irregularidades procesales, implicaría un serio revés para la búsqueda de justicia y la transparencia, fomentando la impunidad en un asunto de alta relevancia pública.
