Una tensa sesión en la Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa fue suspendida sin fecha tras la irrupción de la diputada potosina Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana, quien buscaba frenar el tratamiento de un contrato de explotación de litio con una empresa rusa.
Claros argumentó que el documento no fue socializado ni responde a los intereses del departamento de Potosí. “Mire lo que estamos haciendo con la riqueza del litio. Este contrato no tiene respaldo ni legitimidad desde las bases potosinas”, señaló en entrevista con Panamericana.
Según la legisladora, la población de Potosí mantiene una vigilia y exige que el análisis del contrato quede en manos del próximo gobierno. Además, se plantea la aprobación previa de una ley de recursos evaporíticos para sentar bases claras de industrialización.
En esa línea, Yamilé Cruz, ejecutiva de la Federación de Trabajadores Campesinos del Altiplano sud de Potosí, reafirmó el rechazo a los términos actuales y anunció un congreso regional en Uyuni para definir próximas acciones. “Nuevamente vamos a movilizarnos si es que insisten con estos contratos”, advirtió.
Por su parte, el diputado opositor Herbert Taboada criticó los intentos de presionar por una aprobación rápida y planteó que el debate legislativo se realice con voto nominal. “Habiendo tantas dudas, lo más transparente es que todos sepamos quién vota por qué”, expresó.
Desde el oficialismo, la senadora Ana María Castillo admitió que los proyectos de litio generan dudas, pero condenó la actitud “intransigente” de algunos actores que, según dijo, impiden una evaluación técnica adecuada. “Los contratos no son improvisados, no se puede actuar con irresponsabilidad”, sostuvo.
Finalmente, Castillo cuestionó la representatividad de instancias como COMCIPO, señalando que su fragmentación interna debilita su autoridad para hablar en nombre de todo el departamento.
PANAMERICANA.
