La Asamblea Legislativa tiene la facultad expresa y constitucional de fiscalizar al Órgano Ejecutivo, una función que no puede quedar suspendida indefinidamente por un fallo judicial. En entrevista con Panamericana, el abogado Bernardo Wayar analizó la viabilidad jurídica de retomar las interpelaciones a los ministros de Estado, como en el caso de la cartera de Hidrocarburos. Wayar enfatizó que las reglas de la Constitución Política del Estado operan los 365 días del año y que los mecanismos de fiscalización, que incluyen peticiones de informes escritos, orales y la propia interpelación, son esenciales para lograr el equilibrio y los contrapesos en el Estado.
El jurista explicó que la resolución de amparo constitucional emitida en 2023, la cual paralizó estos actos, fue una medida temporal vinculada a un caso concreto y a autoridades específicas de la anterior gestión gubernamental. Según Wayar, esa decisión respondió a una conveniencia política del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para proteger a sus ministros. Además, consideró inaceptable que se prive al Legislativo de su rol esencial mientras se espera una resolución de fondo por parte del actual Tribunal Constitucional, instancia que hereda una mora procesal de 18.000 causas dejadas por los magistrados "autoprorrogados".
Finalmente, el abogado subrayó que la Asamblea Legislativa cuenta con su propio reglamento de debates, el cual forma parte del bloque de constitucionalidad mientras no sea declarado inconstitucional. Recordó que solo el Poder Legislativo puede dictar sus reglamentos y resolver sus eventuales defectos de procedimiento, ya que ninguna otra instancia puede vulnerar esa "zona de reserva constitucional". Por ello, Wayar concluyó que el Senado y la Cámara de Diputados no pueden suspender su facultad privativa y deben retomar la vigilancia democrática exigiendo la rendición de cuentas a las autoridades del Ejecutivo.
