"No era una sola persona, era un consenso" Jorge Silva desestimó la teoría de que Luis Arce tenía el control absoluto de los fondos. Explicó que el Directorio del Fondo Indígena estaba compuesto por representantes de seis ministerios y, fundamentalmente, por "12 representantes de las organizaciones sociales".
"Todas las decisiones que adopte el directorio deberán ser aprobadas por consenso... no por una sola persona", enfatizó Silva, citando el decreto de creación del Fondo. Bajo esta lógica, cuestionó que se cargue toda la responsabilidad penal sobre el exministro de Economía cuando existía una instancia colegiada y decisoria superior.
La prueba de la discordia: La reunión de Tarija (2009) El punto álgido del debate giró en torno a la reunión del 23 de noviembre de 2009, usada por la Fiscalía como prueba de cargo. Silva leyó textualmente el acta de esa reunión para demostrar que Arce no ordenó desvíos, sino inversiones.
"Yo creo que debemos invertir más en proyectos productivos... así que sugiero que exista un fondo de inversión en el cual se gaste bien la poca platita que tenemos", fue la frase de Arce leída por Silva. Ante esto, el exvocero concluyó: "Yo personalmente no encuentro ninguna incitación a una conducta antieconómica o un incumplimiento de deberes en esa declaración".
"El objetivo es Evo Morales" Más allá de lo jurídico, Silva lanzó una dura advertencia política sobre las intenciones detrás del proceso. Calificó la detención de Arce como una estrategia mayor: "La detención de Luis Arce no deja de pensar que es un acto político cuyos objetivos... son una suerte de venganza, desarticulación del movimiento popular y crear las condiciones adecuadas para la detención de (Evo) Morales", alertó.
La contraparte: "El Ministro era el dueño de la llave" Pese a los argumentos de Silva, el Viceministro de Transparencia, Yamil García, fue tajante al señalar que la responsabilidad de Arce es intransferible por su rol de órgano rector. "Podían todos los demás ponerse de acuerdo... pero si el Ministerio de Economía no autorizaba, no había desembolsos", sentenció García.
El abogado Eduardo León reforzó esta postura, recordando que aunque el directorio aprobara proyectos, la Ley Financial prohibía transferir recursos públicos a cuentas personales, una norma que Arce, como "el ministro más experto de Latinoamérica", conocía y vulneró dolosamente.
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