Miércoles 27 de agosto de 2025, tras cambios en la situación legal de exautoridades Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, el debate sobre la transparencia y dirección del sistema judicial boliviano mantiene posiciones divididas.
Para Marcelo Pedrazas, diputado opositor, las recientes decisiones reflejan una restitución del Estado de derecho después de años donde, según él, la justicia fue instrumentalizada por el MAS. Pedrazas expresó la esperanza de que este cambio sea sostenible y ajeno a cualquier parcialización.
Contrariamente, el analista político Julio Choque advirtió señales preocupantes que indicarían que el sistema judicial aún opera bajo presiones políticas. Señaló un rechazo público hacia pronunciamientos judiciales que, supuestamente, habrían favorecido a los acusados por la crisis de 2019 en detrimento de las víctimas y otros privados de libertad, comprometiendo la integridad constitucional.
El abogado Eduardo León opinó que la administración de justicia está en proceso de reencaminamiento tras prolongados atropellos hacia líderes críticos al masismo. Sin embargo, remarcó que toda persona que haya actuado de forma irregular en el sistema deberá responder legalmente, garantizando así una justicia más rigurosa y efectiva.
