Zúñiga afirmó que asesores cercanos a Arce habrían orquestado el golpe frustrado, con la intención de manipular la opinión pública y el Congreso, y llamó a las nuevas autoridades judiciales y gubernamentales a juzgar al mandatario y sancionar a los cómplices de esta farsa.
El coronel Daymo Jeria Del Río, representante legal de familiares de militares detenidos durante la asonada, denunció arbitrariedades y violaciones a derechos fundamentales, calificando como una vergüenza la situación sufrida por esos militares y sus familias.
Se anunciaron nuevas acciones legales en defensa de los afectados, mientras se cuestiona al sistema judicial y a algunos administradores de justicia por intentar minimizar el alcance de las violaciones cometidas.
Estas denuncias profundizan la crisis política e institucional generada por el intento golpista, con impactos directos en la percepción pública y la legitimidad del gobierno.
