La crisis de los carburantes continúa golpeando al sector productivo. El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, denunció que, pese al levantamiento de la subvención y a que el sector paga cerca de 10 bolivianos por el litro de diésel, el abastecimiento en los surtidores del departamento no es continuo ni está garantizado las 24 horas. En contacto con Panamericana, el dirigente lamentó que el sector haya aceptado el incremento de precios con el único afán de poder trabajar con normalidad, un compromiso que, según afirma, el Gobierno está incumpliendo ya que aún se ven conos de desabastecimiento en las estaciones de servicio.
A la escasez intermitente se suma una profunda preocupación por la calidad de los carburantes. Gutiérrez reveló que vehículos de apoyo modelo 2023 ya han sufrido daños severos por el uso de gasolina deficiente, y temen que la situación se replique con el diésel, cuyos costos de reparación para el transporte pesado son inasumibles. Ante este escenario, exigió al Ejecutivo autorizar una verdadera libre importación de combustibles, eliminando definitivamente el monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Argumentó que solo la competencia abierta garantizará la llegada de un producto de calidad, ya que actualmente se vende carburante sin competencia ni control riguroso.
La alarma del sector se agravó tras recibir reportes sobre el traslado de centenares de cisternas con combustible de presunta mala calidad desde Santa Cruz hacia el occidente del país (La Paz y Oruro). El dirigente exigió a las autoridades que asuman la responsabilidad y sometan ese producto a un tratamiento o destilación antes de comercializarlo, advirtiendo que vaciarlo directamente en las plantas locales para el mercado arruinará las unidades de transporte. Finalmente, Gutiérrez advirtió que la paciencia del sector se está agotando frente a un Gobierno que solo delega las negociaciones a mandos inferiores sin capacidad de resolver problemas, por lo que advirtió con asumir medidas de presión si no son convocados a una reunión donde realmente se escuchen sus propuestas.
