El jueves 21 de agosto de 2025, una jueza agroambiental de La Paz emitió una orden judicial que obliga a la Asamblea Legislativa a suspender temporalmente el tratamiento de contratos vinculados a la explotación del litio en el Salar de Uyuni. La medida busca garantizar que se realicen adecuadas evaluaciones del impacto ambiental y consultas previas a las comunidades indígenas y locales afectadas.
Esta resolución fue posible gracias a la intervención y mediación de la Defensoría del Pueblo, institución que vigila el respeto a los derechos sociales y ambientales en Bolivia.
Reacciones de las comunidades y sector social
Yamilé Cruz, ex representante de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud de Potosí, expresó su satisfacción ante la decisión judicial durante una entrevista con Panamericana. Cruz destacó la valentía y la imparcialidad demostradas por los operadores de justicia, subrayando la importancia de proteger la Pachamama y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
Además, Cruz adelantó que las comunidades afectadas seguirán presionando al nuevo gobierno para impulsar un juicio de responsabilidades. Su objetivo es establecer sanciones contra las autoridades que intentaron avanzar sin respetar los derechos constitucionales y perjudicaron el bienestar nacional.
PANAMERICANA.
