Como se ha conocido, aproximadamente 370 familias fueron desalojadas en el departamento de Santa Cruz por presuntamente ocupar de forma irregular viviendas del programa “Comunidades Urbanas del Estado”, activo desde el año 2019 en Warnes.
Hecho que ha generado versiones encontradas en torno a las circunstancias y los alegatos de los afectados. Por ejemplo, el abogado y defensor de derechos humanos Jorge Valda, denunció que el desalojo se efectuó violentamente y generalizando a la totalidad de estas personas como “avasalladores” y “delincuentes”.
Según Valda, el acontecimiento dejó a cerca de mil personas en situación de calle, ignorando supuestos pagos efectuados para ocupar los predios y sin la notificación de desalojo anticipada como establece la ley.
Sin embargo, el viceministro de régimen interior y policía, Jhonny Aguilera, rechazó la versión de Valda y la atribuyó a afanes políticos, ya que el operativo coordinado con el comandante departamental de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, se realizó en el marco de las normas, ya que el delito de avasallamiento es evidente.
Además, aclaró que las viviendas construidas con un interés social eran ocupadas sin el cumplimiento de requisitos para su adjudicación.
Aguilera acotó que en efecto algunos afectados alegaron haber realizado pagos previos, pero remarcó que ningún caso es válido ya que los montos fueron ínfimos y fuera de la legalidad. También advirtió que funcionarios de la Agencia estatal de Vivienda habrían sido agredidos cuando se apersonaron a solicitar el desalojo pacífico.
Lo expuesto fue corroborado por el director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Juan José Espejo, quien lamentó la circulación de datos tergiversados con intenciones dudosas y detalló más información sobre lo sucedido.
Espejo anunció que tras la evaluación del estado de las viviendas se reforzará la campaña para que familias bolivianas puedan acceder a las mismas en estricto cumplimiento de la ley y sin preferencias de índole política, como se especuló.
PANAMERICANA.
