martes. 04.10.2022

Surgen reacciones tras encuesta sobre percepción ciudadana en torno a persecución judicial del gobierno del MAS

52% de la población boliviana cree que la persecución judicial por parte del gobierno del MAS se mantiene “igual que antes”.

José António Rivera. (Foto: RR. SS.).
José António Rivera. (Foto: RR. SS.).

En las últimas horas, un medio de comunicación digital publicó una encuesta según la cual el 52% de la población boliviana cree que la persecución judicial por parte del gobierno del MAS se mantiene “igual que antes”, mientras sólo el 31% observa disminución.

Así también, la consulta da cuenta de un 42% de ciudadanos que no da crédito a la intención de las autoridades de reformar la justicia.

Sobre las percepciones recogidas, el ex magistrado del tribunal constitucional, José Antonio Rivera, compartió impresiones con Panamericana y coincidió en detectar un patrón de persecución penal con fines políticos y consecuente daño a la democracia en el país.

En opinión del abogado “el gobierno no tiene voluntad real de reestructurar la administración de justicia, pues el actual sistema corrompido y manipulado, le resulta conveniente”.

En tal línea, dio cuenta del avance que logró la propuesta elaborada por el grupo de juristas independientes que integra y plantea un ajuste parcial a la Constitución Política del Estado mediante consulta popular.

Sin embargo, el ministro de justicia y transparencia institucional, Iván Lima, desestimó la validez de los criterios vertidos por Rivera y la encuesta mencionada, al aseverar que en Bolivia existe respeto a la democracia y a la libertad de expresión, por parte de un gobierno que de ninguna manera aplica el patrón de persecución advertido.

La autoridad también rechazó la hipótesis de que el ejecutivo carece de voluntad para reformar el sistema judicial. Por el contrario, afirmó que dicho propósito es una prioridad para los gobernantes en el marco de propuestas factibles y realistas, es decir, sin contemplar una eventual modificación a la Constitución Política del Estado.

Como prueba de la política de “cero tolerancia a la corrupción” y el respeto al debido proceso, el ministro confirmó la toma de acciones penales por prevaricato contra el vocal que actuó de manera irregular favoreciendo a un implicado en el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

PANAMERICANA.

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