A través de Panamericana, el abogado y analista Paul Coca, se refirió a los alcances del Decreto Supremo 5143 de registro de Derechos Reales, que es promovido por el gobierno por presuntamente buscar transparencia y seguridad jurídica para la población, aunque ha generado reparos por su inconstitucionalidad, según dice.
De acuerdo al jurista, la principal observación se relaciona con la ausencia de una ley debido a la falta de consenso en la Asamblea Legislativa.
Por lo señalado, Paul Coca consideró fundamentadas las suspicacias en torno a la supuesta intención del gobierno de ejercer control sobre la propiedad privada mediante un “supra poder”, y remarcó que el decreto viola el principio de seguridad jurídica establecido en la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, refutó los anteriores criterios y recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y ahora sólo se modifica la reglamentación del año 2004.
Además de clarificar la confusión detectada, la autoridad recalcó que la creación del Sistema Único de Derechos Reales, facilitará el acceso y las consultas a todos los ciudadanos desde el mes de octubre de esta gestión.
Por otro lado, Saravia subrayó que uno de los principios de la norma es el respeto a la propiedad privada, de modo que los temores son infundados y crean desinformación sobre objetivos beneficiosos como el combate a la corrupción y la institucionalización de cargos.
PANAMERICANA.
