Los recientes criterios del ministro de economía, Marcelo Montenegro, en sentido de que la no aprobación del proyecto de presupuesto general del Estado 2023 en la Cámara de Diputados supone un freno a la reconstrucción económica. Y hasta genera sospechas de boicot a la gestión de Luis Arce, han causado distintas reacciones.
Por ejemplo, José Luis Porcel, diputado de Comunidad Ciudadana, reiteró que las observaciones de su bancada se mantienen firmes debido a la preocupación que causa la normativa. En esta línea, reafirmó que su tienda política insistirá en las correcciones exigidas.
Además, el parlamentario opositor expresó deseos de que la reunión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados para abordar el tema con jefes de bancada, sea fructífera y permita zanjar la controversia.
Por otro lado, refutó la visión expuesta por el ministro Montenegro sobre el riesgo de paralización económica.
De su lado, el parlamentario del Movimiento al Socialismo y presidente de la comisión de constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, lamentó la posición de los bloques opositores y de la facción “radical”, dice, del oficialismo, para obstaculizar la aprobación del presupuesto, sin considerar su importancia.
Bajo su punto de vista, oponerse a este proyecto de ley equivale a entorpecer el modelo social económico productivo comunitario implementado por el gobierno del MAS.
Jáuregui agregó además que las observaciones expuestas por los detractores de la norma, no tienen sustento y obedecen solamente a intereses políticos. Por ello llamó a la reflexión a sus colegas en general para flexibilizar posturas.
Sobre el mismo tema, la jefa de unidad de entidades territoriales del Ministerio de Economía y Finanzas, Gloria Villanueva, expresó disposición de aclarar dudas sobre el presupuesto general del Estado para la gestión 2023 y aseveró que el trabajo realizado se apegó a estrictos parámetros técnicos.
La funcionaria observó que este tipo de discrepancias no se había registrado anteriormente, a tiempo de apelar a la responsabilidad del órgano legislativo para aprobar prontamente el proyecto de ley.
PANAMERICANA.
