Las tensiones sociales han aumentado debido a la controversia en torno a la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado. Mientras algunos sectores advierten que la norma pone en riesgo el aparato productivo, otros ven intereses políticos detrás de las protestas.
En Oruro, en lugar de celebraciones por su aniversario, se registraron movilizaciones lideradas por gremialistas y transportistas. Toño Siñani, representante de la Central de Trabajadores de Bolivia, lamentó que la fecha festiva se haya convertido en un escenario de reclamos sociales.
Richard Vásquez, dirigente de la "Superferia" de Oruro, expresó la frustración del sector comercial ante la falta de atención gubernamental, señalando que la norma profundiza la crisis económica de la región.
El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, también criticó la normativa, asegurando que afecta el desarrollo productivo y logístico del país.
Desde Chuquisaca, el dirigente del transporte Gustavo Rivadeneyra alertó sobre la vulnerabilidad en pasos fronterizos que, según él, se vería agravada por la medida.
Las protestas también alcanzaron La Paz, donde la presidenta de CONAMYPE, Helen Rivero, destacó la unidad del sector, aunque reconoció que dirigencias paralelas han debilitado la presión. Anunció una reunión interinstitucional para definir nuevas estrategias de acción.
Por otro lado, Juan Carlos García, dirigente de la Confederación de Trabajadores Gremiales paralela, minimizó las protestas, asegurando que son casos aislados motivados por desinformación y que el gobierno ha avanzado en la socialización de la norma.
El economista y diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, calificó la disposición como un error financiero que busca desviar la atención de la crisis nacional. No obstante, el analista económico Juan José Bedregal desestimó esa hipótesis, argumentando que no tendría sentido que el gobierno impulse una medida que atente contra su propio interés.
PANAMERICANA.
