El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente la existencia de información confirmada sobre la presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el país. Esta declaración surge en respuesta directa a las afirmaciones realizadas por Enrique Riera Escudero, Ministro del Interior de Paraguay, quien había sostenido públicamente la posible ubicación del capo en suelo boliviano, generando un debate transnacional.
La tesis del funcionario paraguayo fue contundentemente refutada por el periodista e investigador Wilson García Mérida. El señor García Mérida, reconocido por su labor de análisis y reportaje, identificó un patrón recurrente que vincularía estas insistencias en torno al paradero de Marset con una potencial estrategia de índole política. Según el investigador García Mérida, la reiteración de la presencia de este individuo en Bolivia podría obedecer a motivaciones que van más allá de la mera difusión de inteligencia sobre seguridad.
Más allá de la controversia actual sobre la localización del delincuente, el señor García Mérida planteó interrogantes de mayor relevancia en el contexto presente. El investigador hizo hincapié en la inacción de la fiscalía boliviana durante el año 2022, momento en el cual se pudo haber ejecutado una alerta roja internacional que el gobierno paraguayo había tramitado oportunamente. Esta omisión, según García Mérida, genera profundas dudas sobre la eficacia de la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas del crimen organizado.
La situación subraya la imperiosa necesidad de una comunicación oficial verificada y la prudencia ante declaraciones que carecen de respaldo irrefutable. La postura del Ministerio de Gobierno busca disipar rumores y evitar la propagación de especulaciones infundadas. Por su parte, el analista García Mérida enfatiza la importancia de centrarse en las deficiencias institucionales previas, como la no aplicación de la alerta roja, en lugar de alimentar narrativas con posibles sesgos políticos que desvíen la atención de los desafíos estructurales en la lucha contra el narcotráfico. La discusión, sugiere el periodista García Mérida, debería enfocarse en cómo mejorar los mecanismos de seguridad y cooperación internacional.
