Como se ha informado, la cancillería reafirmó mediante una nota de prensa, que la desvinculación de funcionarios inconformes fue legal y está respaldada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Afirmación que fue rebatida por el representante de este grupo de profesionales, Waldo Alvarado, quien recordó al asesor jurídico de la institución la vigencia de normas específicas y la aprobación de un escalafón diplomático que registró al sector afectado.
Asimismo, cuestionó los argumentos esgrimidos en ausencia de un proceso interno, que debió llevarse a cabo, dice, para confirmar que los aludidos no serían funcionarios de carrera.
Alvarado aseveró en todo caso que en vista de las lecturas divergentes, la resolución del conflicto corresponderá únicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya hizo notar errores al estado en oportunidades previas.
PANAMERICANA.
