Tras la difusión de un documental que sugiere la existencia de un plan para concretar un supuesto golpe de Estado frustrado en junio del año pasado, distintas voces alertaron sobre el riesgo de que el gobierno intensifique una campaña de persecución política.
Para José Luis Bedregal, analista y coordinador de “Soberanía y Libertad”, resulta inadmisible que se continúe con la criminalización de críticos del MAS, sin que existan pruebas concretas que sustenten las acusaciones.
En esa línea, el exdiputado Amílcar Barral lamentó que el Ministerio de Gobierno dé prioridad a este tipo de asuntos, mientras el país enfrenta una coyuntura crítica. Recordó que este tipo de acciones ya ha tenido consecuencias negativas para el Estado en el pasado.
El politólogo Marcelo Arequipa, por su parte, sostuvo que sí existen discursos que atentan contra los valores democráticos, por lo que se debe investigar con rigor, pero sin instrumentalizar el tema políticamente.
El abogado y activista Eduardo León pidió al Ministerio Público actuar con responsabilidad y aportar pruebas reales, especialmente en el caso de su colega Jorge Valda, para evitar atropellos a los derechos fundamentales y posibles intentos de desviar la atención pública.
Desde la arena política, el senador Rodrigo Paz advirtió que el tema podría funcionar como una “cortina de humo” de cara al proceso electoral, según su hipótesis sobre el contexto y el manejo del tema.
Sin embargo, el analista y exministro Hugo Moldiz afirmó que las declaraciones contenidas en el documental no provienen del gobierno, sino de los propios protagonistas del fallido levantamiento militar.
Finalmente, el analista político Julio Choque consideró que no se trata de persecución, sino de una investigación judicial que debe conducirse con respeto al debido proceso y sin presunciones.
PANAMERICANA.
