El lunes 25 de agosto de 2025, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que insta a los tribunales departamentales a revisar las medidas de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ha provocado opiniones divididas en la sociedad y el ámbito jurídico boliviano.
Para el diputado opositor y jurista Carlos Alarcón, la orden es acertada, pues sostiene que los acusados son víctimas de persecución política y sus casos presentan particularidades que justifican una revisión cuidadosa. Considera que esta medida contribuye a respaldar el debido proceso y la justicia imparcial.
En una línea similar, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera calificó la decisión como positiva, argumentando que representa una señal favorable de corrección ante errores e irregularidades que han vulnerado estándares judiciales y derechos internacionales reconocidos. Rivera explicó que este tipo de revisiones deben ser la regla para garantizar justicia plena y equitativa.
En contraste, David Inca, activista y representante de las víctimas de Senkata, calificó la medida como una maniobra política, criticando duramente al Tribunal Supremo de Justicia por lo que percibe como su sometimiento a presiones políticas. Anunció además la próxima solicitud de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir una supervisión internacional del caso.
Contexto
Este debate ocurre en el marco de un clima político polarizado en Bolivia, donde las causas judiciales relacionadas con figuras políticas generan alta sensibilidad y controversia pública. Temas como persecución política, derechos humanos y justicia electoral son centrales en este escenario.
PANAMERICANA.
