En Panamericana, el diputado de la alianza Creemos, Erwin Bazán, sumó cuestionamientos al sistema de régimen penitenciario y autoridades judiciales que vulneraron, dice, derechos del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al impedir su traslado a una audiencia presencial que finalmente fue postergada.
Para el parlamentario opositor, es reprochable que el gobierno a través de sus operadores políticos, dice, desacate una norma e ingrese en contradicciones sobre el apego a las órdenes del sistema de justicia.
Además de lamentar la injerencia que observa, el diputado Bazán, confirmó que la defensa de Camacho iniciará procesos penales contra quienes interfirieron en el traslado instruido, incluyendo al gobernador del penal de Chonchocoro en La Paz.
Además, agregó que las medidas legales anunciadas deberán tener carácter aleccionador para que el próximo 11 de abril se cumpla con la orden emitida.
Sobre los presuntos riesgos de seguridad que sustentaron el incumplimiento de la resolución mencionada, la representante de las plataformas ciudadanas en el departamento de Santa Cruz, Pamela Flores, desechó la posibilidad de que existan grupos inductores a la conflictividad y la desestabilización social.
Sin embargo, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Jerges Mercado, discrepó con la activista por la democracia y ratificó que organizaciones irregulares en actitud provocadora, urdían un plan de convulsión en Santa Cruz, poniendo en riesgo a la colectividad.
Al margen de exigir respeto a los procedimientos judiciales interpuestos por la Procuraduría General del Estado, el parlamentario oficialista descartó injerencia política el caso de Camacho y convino en que su defensa puede interponer acciones legales si considera pertinente.
También la diputada del MAS, Deysi Choque descartó sospechas de injerencia y recordó que en las actuales circunstancias, no sólo debe pensarse en el acusado sino en el resto de la población del penal de Palmasola.
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