En horas de la mañana, el jefe del estado, Luis Arce Catacora promulgó la ley mencionada remarcando que no se trata de una normativa “de la derecha”, sino la garantía de aplicación de los alcances del decreto supremo correspondiente, a fin de evitar mayor conflictividad y perjuicio para los bolivianos.
En la oportunidad, el presidente cuestionó las motivaciones de las medidas de presión asumidas en el departamento de Santa Cruz, así como la intención de figuras opositoras y oficialistas que pretenden tipificar a personajes “traidores”.
Sobre el tema, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó el mensaje del primer mandatario y reafirmó que a nivel jurídico no era necesaria la promulgación de la ley citada, pero si en aras de evitar derramamiento de sangre y abusos.
Por otra parte, la autoridad insistió en que el tema del censo fue altamente politizado por el comité interinstitucional cruceño, cuya propuesta para agilizar el proceso, dice, no contaba con sustento técnico.
Sin embargo, el presidente del comité impulsor del censo en Santa Cruz y rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, refutó la visión expuesta y reafirmó la validez del cronograma elaborado para recortar plazos.
Asimismo, sostuvo que la responsabilidad por la incertidumbre y las medidas de protesta asumidas en el país, corresponden al Instituto Nacional de Estadística y al Ministerio de Planificación.
Cuéllar lamentó que el tema se haya contaminado por consignas políticas, al margen de advertir que pese a la promulgación de la ley exigida, no existe claridad sobre el programa técnico del INE.
Por último, el rector descartó intereses políticos personales como motivación para sus acciones.
PANAMERICANA.
