La Policía Boliviana ha iniciado una serie de operativos para dar con el paradero de Mario Argollo, el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y otros líderes sindicales. Así lo anunció el comandante general de la institución, Mirko Sokol, quien indicó que sobre estos líderes pesan órdenes de aprehensión por su supuesta implicación en bloqueos y manifestaciones que exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
El comandante Sokol detalló que unidades especializadas de inteligencia han sido desplegadas para localizar a los involucrados. Se sospecha que algunos de los investigados podrían haber salido del territorio nacional, lo que ha impulsado la realización de verificaciones migratorias exhaustivas y la coordinación interinstitucional para rastrear sus movimientos.
Las órdenes de arresto fueron confirmadas por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien explicó que estas se emitieron a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno. Dicha denuncia se fundamentó en informes policiales y análisis pormenorizados realizados por unidades de inteligencia y ciberdelincuencia.
Los acusados, incluido el líder Argollo, habrían participado activamente en las protestas y bloqueos escenificados en las ciudades de La Paz y El Alto. Estas movilizaciones, que se recrudecieron a mediados de mayo, desembocaron en enfrentamientos con efectivos policiales y en actos de vandalismo. El fiscal Mariaca precisó que la resolución fiscal fue expedida el 17 de mayo, pero hasta la fecha no se ha logrado la ubicación ni captura de Argollo ni de los demás cabecillas sindicales.
Paralelamente, sectores afines a las movilizaciones han elevado denuncias de persecución política, rechazando de plano las acciones judiciales emprendidas por el Ejecutivo. El senador suplente Nilton Condori, por ejemplo, aseguró que también existe una orden de aprehensión en su contra, aunque manifestó no temer a la detención. Estas tensiones persisten, generando un clima de inestabilidad política y social en Bolivia.
Entre los antecedentes relevantes, el diputado Manolo Rojas había presentado una denuncia formal contra el ejecutivo Argollo por enriquecimiento ilícito, aludiendo a la recepción indebida de un bono mensual considerable. El dirigente sindical, Argollo, había rechazado cualquier intento de diálogo, afirmando que el Gobierno "solo entiende con medidas de presión" y llamando a intensificar los bloqueos. Además, se recuerda la violenta toma de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, que culminó con enfrentamientos y la detención de al menos 13 dirigentes. La resolución judicial se sustentó en pruebas digitales, incluyendo peritajes de la unidad de ciberdelincuencia que evidenciaron el rol directo del señor Argollo en actos vandálicos. El Ministerio ha ampliado los cargos contra Argollo y otros 24 dirigentes, incluyendo delitos graves como terrorismo y la instigación pública a delinquir.
