Este viernes 27 de marzo de 2026, la esfera judicial boliviana se concentra en un próximo juicio que enfrenta a la compañía energética Petrobras con un grupo de defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. La empresa ha iniciado procedimientos legales, reclamando una indemnización millonaria de aproximadamente 2 millones de dólares a doce activistas medioambientales.
Estos doce comunarios, que residen en la zona de la reserva, deberán presentarse ante la justicia durante el mes de mayo, en un proceso que definirá si corresponde el considerable resarcimiento exigido por la corporación.La controversia legal ha provocado un rechazo firme por parte de diversas entidades, incluyendo el Colegio de Abogados de Tarija, el cual ha anunciado que asumirá la representación legal de los comunarios en virtud de su compromiso con la responsabilidad social.
En este contexto, el abogado Ernesto Herrera, especialista en asuntos ambientales, ha emitido declaraciones significativas sobre el caso, caracterizándolo como un método para coartar la defensa ecológica.El letrado Herrera ha alertado que, mediante estas demandas, la multinacional pretende establecer un patrón de criminalización recurrente del activismo medioambiental.
Este accionar, según el jurista, busca amedrentar a quienes dedican sus esfuerzos a proteger el entorno natural y sus modos de vida tradicionales. Además, Herrera cuestionó enfáticamente la validez de los argumentos expuestos por la empresa, señalando graves inconsistencias en su fundamento.
El especialista enfatizó que el origen mismo de este litigio se encuentra fundamentalmente ‘viciado’ desde la autorización inicial de las operaciones de Petrobras dentro de la reserva. Esta aprobación, detalló el abogado, fue otorgada por una administración legislativa anterior que, al concederla, infringió abiertamente los preceptos de la Constitución Política del Estado. Esta vulneración inicial, conforme a Herrera, pone en entredicho toda la base del actual proceso judicial.
