La Corte Suprema de Perú ha sentenciado al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión. Esta condena se impone a raíz de su intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022. Su ex primera ministra, Betssy Chávez, hoy asilada en la embajada de México, recibió la misma pena, y otros dos exfuncionarios también fueron sancionados con encarcelamiento.
El exgobernante Castillo, quien pasó de maestro rural a la presidencia, fue hallado "coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional". La Fiscalía había solicitado hasta 34 años por rebelión, o 19 por conspiración. Sin embargo, el máximo tribunal determinó que el delito de rebelión no aplicaba, al no concretarse el golpe, y atenuó la pena por conspiración considerando la ausencia de antecedentes penales del expresidente.
El exmandatario, de 56 años, continuará recluido en el centro penitenciario de Barbadillo, donde ya purgan condena otros exjefes de Estado por corrupción. Castillo ha estado en prisión preventiva desde el mismo día del frustrado autogolpe, el 7 de diciembre de 2022, y su salida de la cárcel está prevista para el 21 de mayo de 2034. Adicionalmente, la sala lo inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos y le impuso una indemnización de 12 millones de soles (aproximadamente 3,5 millones de dólares) junto con los otros tres condenados.
La decisión judicial ha generado opiniones divididas. Durante su última declaración, el expresidente Castillo rechazó los cargos, afirmando haber leído "un documento sin consecuencias" sin respaldo militar. Su defensa intentó infructuosamente anular el juicio. Fuera del tribunal, un pequeño grupo de seguidores expresó su indignación, mientras en redes sociales, algunos congresistas aliados cuestionaron la sentencia y otros, como Luis Aragón de Acción Popular, manifestaron su satisfacción, recordando el intento de Castillo de establecer una dictadura.
