Las horas posteriores al fatal accidente del avión Hércules en El Alto se convirtieron en un escenario de absoluto descontrol social. La aeronave siniestrada transportaba billetes destinados a un programa de monetización del Banco Central de Bolivia (BCB), cuyo esparcimiento sobre la vía pública atrajo a una multitud enardecida. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reveló que durante la madrugada se aglomeraron aproximadamente 30.000 personas en la zona del impacto. Aprovechando la total oscuridad provocada por la destrucción de las luminarias públicas, grupos organizados con actitud agresiva y armas punzocortantes intentaron irrumpir por la fuerza en los restos del fuselaje para sustraer las bolsas de dinero.
Ante la inminente amenaza de saqueo masivo y la obstaculización del rescate de heridos, las fuerzas del orden se vieron obligadas a ejecutar un operativo de contención sin precedentes. El contingente unificado tuvo que emplear alrededor de 5.000 cartuchos de gas lacrimógeno para intentar dispersar a la violenta turba y restablecer un perímetro de seguridad mínimo. La situación llegó a tal extremo de tensión que, cerca de las dos de la mañana, el presidente del BCB emitió la orden directa de comenzar a quemar los billetes desparramados en la calle. Según detalló Paredes, esta drástica y urgente decisión fue la única forma de persuadir a la multitud, logrando que la cantidad de personas que asediaban la aeronave comenzara a reducirse.
El tenso operativo nocturno dejó como saldo la detención de al menos 50 personas directamente vinculadas a los actos de vandalismo y al intento de robo agravado. Entre los aprehendidos se encuentran los ocupantes de un minibús interceptado mientras trasladaban varios paquetes del dinero sustraído, el cual ya fue recuperado y puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades aclararon que, si bien los billetes no cuentan con el sello de emisión oficial del Banco Central y carecen de curso legal, su circulación ilícita representaba un riesgo elevado, ya que los delincuentes planeaban utilizarlos para estafar a la población mediante transacciones fraudulentas.
