El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó su inquietud en una reciente entrevista con Panamericana, al abordar el cabildo de sectores sociales originario-campesinos celebrado el pasado fin de semana en El Alto. El funcionario gubernamental formuló serias interrogantes sobre el origen de los recursos económicos destinados a la logística y el transporte de los participantes en la citada concentración.
El ministro Oviedo indicó que persisten "dudas y sospechas" sobre las verdaderas intenciones detrás de la movilización. Según su apreciación, el evento abordó una serie de temáticas dispersas, sin centrarse en ninguna reivindicación social coyuntural específica que justifique una concentración de tal magnitud. No obstante, el representante del Ejecutivo subrayó el respeto del Gobierno por el derecho democrático de la ciudadanía a expresarse y pronunciarse. Sin embargo, Marco Antonio Oviedo, titular de la cartera de Gobierno, dejó claro que este respeto no implica obviar una investigación sobre el financiamiento que hizo posible la realización del cabildo.
Además, el ministro Oviedo reiteró sus objeciones a la marcha que se originó en Pando, la cual manifestaba oposición a la Ley 157. El alto cargo gubernamental enfatizó que esta normativa ha sido concebida para ser "beneficiosa y voluntaria" para los pequeños productores, buscando fortalecer su desarrollo sin imponer obligaciones. Por ello, el ministro de Gobierno consideró que el rechazo a una ley con tales características podría ser sintomático de un "debilitamiento" de las estructuras sindicales tradicionales, aquellas "heredadas del pasado", que podrían ver afectada su influencia.
El ministro Oviedo hizo hincapié en la importancia de analizar estas dinámicas para comprender mejor los movimientos sociales y garantizar que cualquier manifestación se realice con total transparencia, especialmente en lo que respecta a su soporte económico. El portavoz gubernamental concluyó que el Ejecutivo se mantendrá vigilante ante estos sucesos, reafirmando su compromiso con la gobernabilidad y la legalidad en el país, sin menoscabar la libertad de expresión ciudadana, siempre y cuando se respete el marco normativo.
