El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, realizó una evaluación de los conflictos sociales registrados en la sede de gobierno, calificando las recientes movilizaciones como actos de agresión y desestabilización a la democracia. En entrevista con Panamericana, la autoridad informó que la estrategia de contención aplicada por el Gobierno resultó en la detención de más de 100 personas acusadas de participar en actos delictivos y vandálicos.
Agresiones a civiles y policías
Oviedo detalló que durante la jornada de protestas se registraron agresiones físicas contra mujeres, periodistas y ciudadanos que se transportaban en vehículos de servicio público, además de daños a propiedades privadas y el saqueo de comercios de alimentos. Asimismo, denunció ataques severos contra efectivos policiales que resguardaban las instalaciones de la Línea Azul de Mi Teleférico, reportando que uno de los uniformados sufrió un traumatismo encéfalo craneano.
El ministro adelantó que los aprehendidos, entre los cuales se encontrarían personas en posesión de explosivos y un individuo interceptado con 280.000 bolivianos, serán puestos a disposición de la justicia. En este contexto, Oviedo valoró la postura del fiscal departamental, Roger Mariaca, a quien reconoció por manifestar un compromiso con la defensa de los ciudadanos ante los hechos de violencia.
Señalamientos a la dirigencia y presencia militar
La autoridad gubernamental responsabilizó de la escalada de violencia a dirigentes como Mario Argollo, Vicente (representante de la organización Tupac) y Paye. Oviedo aseveró que los grupos movilizados provienen de la región del Chapare y denunció la existencia de presuntos vínculos de financiamiento provenientes del narcotráfico.
Frente a este escenario, el ministro informó que, tras una reunión de evaluación con el alto mando de la Policía y las Fuerzas Armadas, se determinó endurecer las acciones de control e incrementar el despliegue de efectivos militares y policiales tanto en la ciudad de La Paz como en sectores de El Alto. Finalmente, la autoridad descartó la posibilidad de dictar un estado de sitio o medidas de excepción generalizadas, argumentando que los focos de violencia y conflictividad se encuentran focalizados casi exclusivamente en la sede de gobierno.
