Al cumplirse 28 días de un cerco que mantiene asfixiado al departamento de La Paz y a gran parte del país, el Gobierno nacional ratificó su apuesta por el diálogo como vía principal de resolución, pero marcó líneas rojas inquebrantables respecto a la estabilidad democrática.
En contacto con Radio Panamericana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, evaluó positivamente el primer espacio de encuentro desarrollado ayer a convocatoria de la Vicepresidencia y los jefes de bancada legislativa. Este esfuerzo contó con la mediación de instituciones como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos.
Ausencia de actores clave y garantías de seguridad
Pese al avance, el ministro observó un factor crítico: en la mesa de concertación no estuvieron presentes los dirigentes que lideran a las bases movilizadas en las carreteras.
Para destrabar esta situación de cara a la reunión que debe proseguir hoy bajo el auspicio de la Iglesia Católica, Lupo ofreció salvoconductos explícitos para las dirigencias sindicales. "El Gobierno garantiza que la presencia de ellos no va a ser en ningún caso objeto de persecución, ni de arresto ni mucho menos", aseveró la autoridad, subrayando la necesidad de sentarse con quienes realmente tienen el poder de tomar decisiones y pacificar el país.
Asimismo, reiteró la postura expuesta previamente por el presidente Rodrigo Paz, asegurando que el pliego petitorio presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Túpac Katari se encuentra "completamente cubierto y respondido" por parte del Ejecutivo.
Daño económico y defensa de la democracia
La autoridad no ocultó su preocupación por el severo desgaste financiero que atraviesa la nación. Detalló que el daño por la paralización logística es "gigantesco", comprometiendo ya más del 0.7% del PIB en un año económicamente difícil, además de golpear duramente la imagen internacional de Bolivia y el turismo.
Frente a la radicalidad de ciertos sectores, el ministro fue tajante al descartar cualquier negociación sobre el mandato constitucional del jefe de Estado. "Jamás vamos a llegar a ningún tipo de soluciones cuando se amenaza la democracia, cuando se pide a los seis meses la renuncia, obviamente esa sí es una afrenta a la democracia que no la vamos a admitir en ningún momento", sentenció Lupo.
El titular de la Presidencia atribuyó esta persistencia a una "minoría" que, valiéndose de demandas sociales legítimas, busca desestabilizar al gobierno para no perder los "privilegios" que el voto popular les quitó.
El diálogo como prioridad, pero con respaldo constitucional
A pesar de reconocer una postergación histórica de las 20 provincias paceñas, demandas que calificó como legítimas y que requieren mayor inclusión, el Gobierno advirtió que su paciencia y vocación de paz no equivalen a debilidad.
Lupo concluyó afirmando que, si bien el diálogo es el "instrumento más potente", el Gobierno cuenta con el respaldo de la Constitución Política del Estado. "Todo aquello que la Constitución lo garantice, la plena vigencia de la Constitución garantice, es lo que se va a aplicar según la oportunidad y la necesidad. No vamos a permitir que el país se destruya a partir de este tipo de acciones", finalizó.
