El exvocal del Tribunal de Justicia de La Paz, Ramiro Sánchez, compartió sus valoraciones sobre la potencial aplicación de un estado de excepción en Bolivia. En una entrevista con Panamericana, el jurista destacó que la reciente abrogación de la Ley 1341, que anteriormente regulaba este tipo de medidas extraordinarias, exige ahora un escrutinio más riguroso y una reflexión profunda antes de cualquier implementación.
Sánchez observó que, si bien la conflictividad social ha experimentado un recrudecimiento en ciertas áreas del país, esta situación no alcanza la misma magnitud ni la presión internacional que caracterizó las crisis de 2003 y 2019. Según el jurista, la intensidad de los actuales focos de tensión se localiza principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba.
El exvocal del Tribunal de Justicia de La Paz insistió en que el gobierno debe disponer de informes precisos y exhaustivos que justifiquen plenamente la necesidad de aplicar un estado de excepción. El especialista legal subrayó que la adopción de una determinación de esta envergadura conlleva implicaciones significativas y riesgos considerables tanto dentro del territorio nacional como en el ámbito de las relaciones internacionales del país. El jurista Sánchez reiteró la importancia de una evaluación cuidadosa para salvaguardar los derechos y la estabilidad del Estado.
