El sistema judicial boliviano ha desestimado un recurso legal presentado por la defensa del exministro de Economía, Luis Arce, quien buscaba ser procesado bajo la figura de un juicio de responsabilidades en el marco del sonado caso del Fondo Indígena. Esta decisión judicial implica que Arce, actualmente recluido en la cárcel de San Pedro, continuará bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria.
Según informó el abogado Eduardo León, quien representa a la parte acusadora, la excepción de incompetencia planteada por la defensa del exmandatario ante un juez cautelar fue categóricamente rechazada. La estrategia legal de los abogados de Luis Arce se basaba en el argumento de que, debido a su posterior cargo como Presidente del Estado, debería aplicársele un juicio de responsabilidades, mecanismo reservado para exjefes de Estado. Sin embargo, el tribunal denegó esta solicitud, fundamentando que los hechos delictivos por los cuales se le investiga habrían ocurrido durante su gestión como Ministro de Economía y Finanzas Públicas, no como presidente.
El jurista León enfatizó la trascendencia de esta determinación judicial y la importancia de que el proceso siga su curso. "No hay argumento y nadie va a encubrir la corrupción de Luis Arce, se ha rechazado esta excepción de incompetencia planteado a un juez cautelar, en cuya consecuencia va a seguir bajo la justicia ordinaria y Luis Arce va a mantenerse detenido como ya se estableció por cinco meses más", afirmó el abogado acusador. Esta resolución, destacó León, ratifica la permanencia de Luis Arce en detención preventiva por un periodo adicional ya previamente definido.
El letrado también detalló la magnitud del perjuicio económico ocasionado en el caso del Fondo Indígena, estimando que el daño supera los 4 mil millones de bolivianos. Eduardo León puntualizó que el exministro Arce posee una responsabilidad directa en este presunto desfalco, ya que, según las investigaciones, habría sido él quien aprobó las transferencias de ingentes montos de dinero público hacia cuentas particulares.
Finalmente, el abogado León añadió que, en un avance paralelo de las pesquisas, la Fiscalía ha emitido órdenes de aprehensión contra otras cinco personas que también están siendo investigadas en relación con este complejo caso de corrupción. Este desarrollo subraya la continuidad de las diligencias judiciales y la ampliación del cerco sobre los diversos implicados en el presunto esquema de malversación de fondos públicos.
