El abogado Eduardo León confirmó el adelanto de la audiencia de medidas cautelares del exministro Luis Arce, programada ahora para las 11 de la mañana en lugar de la una de la tarde. El proceso se desarrolla de forma virtual y, según el abogado León, está a punto de instalarse. Esta modificación horaria fue notificada oficialmente, aunque generó sorpresa entre los involucrados.
La principal controversia, explicó el jurista Eduardo León, surge de la solicitud para que Luis Arce, de 62 años, sea enviado a detención preventiva en el centro de reinserción Kalahuma, un recinto destinado exclusivamente a menores infractores de entre 16 y 21 años. El abogado León calificó esta petición como "absolutamente ilegal" e "irregular", ya que la normativa penal exige la separación de los detenidos preventivos de la población penitenciaria según su edad.
El Código de Procedimiento Penal y la Ley 548, Código Niño-Niña-Adolescente, establecen claramente que estos centros son para deshabilitación de menores, no para adultos. El jurista Eduardo León enfáticamente declaró que "no corresponde" llevar a una persona mayor a un reformatorio y anunció que su defensa solicitará el desecho de este pedido ante la instancia judicial.
Frente al argumento del Director de Régimen Penitenciario sobre un posible riesgo de agresión para Arce en cárceles de adultos, el doctor Eduardo León refutó esta justificación. Indicó que existen otras penitenciarías adecuadas, como Cantumarca, Labra o Palma Sola, donde podría ser recluido sin gozar de "beneficios" o "ventajas". Comparó la situación con la de otras figuras políticas, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Janine Áñez, quienes fueron trasladados a cárceles comunes y de alta seguridad, respectivamente.
Este supuesto favoritismo hacia Luis Arce genera profundas dudas sobre la imparcialidad y la transparencia de la investigación del Ministerio Público. El doctor Eduardo León advirtió que la población está "molesta" y que la credibilidad de la fiscalía se ve comprometida. En su opinión, la fiscalía debe actuar con objetividad y sin otorgar "ventaja alguna" para evitar la "duda de toda la investigación".
Finalmente, el abogado Eduardo León enfatizó que si se detecta alguna irregularidad en el manejo del caso o en la actuación del fiscal departamental, solicitarán su denuncia. Subrayó la necesidad de que la justicia opere conforme a derecho y sin complacencias, para restaurar la confianza pública.
PANAMERICANA.
