El expresidente Jorge Quiroga evaluó la crítica situación que atraviesa la sede de gobierno, asegurando que las actuales medidas de presión han dejado de ser una simple reivindicación sectorial para convertirse en una acción deliberada de exterminio contra la población paceña. En entrevista con Panamericana, la exautoridad argumentó que privar a los ciudadanos civiles de alimentos, medicamentos y combustibles se encuentra tipificado en el Estatuto Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad.
Errores gubernamentales y sedición
Quiroga identificó una serie de acciones gubernamentales que generaron un "caldo de cultivo" para el malestar social, tales como la dilación en el tratamiento de los incrementos salariales para el sector público, la provisión de combustible deficiente y la frustración ante el manejo de casos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, aclaró que sobre estas frustraciones ciudadanas se montó una estrategia conspirativa y sediciosa liderada por el expresidente Evo Morales.
Según el exmandatario, Morales busca generar un foco distractivo e insurreccional en el país para garantizar su propia impunidad frente a procesos judiciales y ante el desmoronamiento de sus aliados políticos en la región, haciendo referencia a recientes imputaciones internacionales contra figuras del "socialismo del siglo XXI".
Estado de excepción y ejercicio de autoridad
Respecto a la negativa del Gobierno de dictar un estado de excepción, Quiroga consideró que descartar públicamente opciones constitucionales constituye un error que otorga "ínfulas y ánimos" a los sectores vandálicos. En este sentido, cuestionó la capacidad logística del Ejecutivo y la cohesión de su gabinete de ministros para asumir y firmar medidas de esta magnitud, recordando que el Estado tiene la obligación de brindar protección jurídica a los militares y policías que acatan órdenes de restablecimiento del orden.
Límites del derecho a la protesta
Finalmente, Quiroga hizo un llamado a debatir los límites de las movilizaciones sociales en el país. Si bien defendió de manera estricta el derecho democrático a la protesta y a la marcha, enfatizó que estas acciones pierden legitimidad cuando vulneran los derechos de terceros. "El bloqueo no es una forma de protesta, es una forma de exterminio", sentenció la exautoridad, exigiendo al Gobierno ejercer su mandato y aplicar la ley de manera contundente contra quienes exigen la renuncia presidencial mediante la asfixia económica.
