Rafael Ernesto Arce Mosqueira, descendiente del expresidente Luis Arce, fue declarado en rebeldía este jueves tras su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La determinación judicial se tomó ante la ausencia del imputado y la falta de una justificación válida por parte de su defensa. El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, hizo pública la decisión.
Como consecuencia directa de esta declaratoria de rebeldía, la administración de justicia procederá de inmediato a la emisión de un mandamiento de aprehensión contra Arce Mosqueira. Adicionalmente, el representante del Ministerio Público, el fiscal Cardozo, adelantó que se solicitará la activación del sello rojo de Interpol. Esta medida, de carácter internacional, está destinada a facilitar su localización y captura en cualquier país en caso de que haya salido del territorio boliviano, evidenciando la seriedad de la situación judicial.
Durante la diligencia judicial, solo un delegado legal del exmandatario Arce intentó justificar la ausencia del investigado, argumentando que la notificación del cedulón se realizó en un domicilio donde el procesado ya no reside. Sin embargo, el fiscal Miguel Cardozo desestimó categóricamente este planteamiento. El funcionario judicial enfatizó que el cedulón fue entregado en el inmueble que previamente había sido acreditado por el propio Arce Mosqueira como su residencia oficial. Además, el fiscal recordó que sobre el hijo del expresidente pesa una alerta migratoria activa desde el pasado mes de octubre, lo que implica que cualquier salida del país, de haberse producido, se habría efectuado de manera irregular, profundizando las sospechas sobre su paradero.
La investigación contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira se centra en acusaciones de enriquecimiento ilícito. Se han detectado depósitos bancarios irregulares, provenientes de distintas personas, así como la adquisición de diversos bienes y vehículos. Estas transacciones y posesiones carecen de una justificación clara y consistente con sus ingresos declarados, lo que ha impulsado a las autoridades a indagar el origen de su patrimonio. El caso busca determinar si ha habido un incremento patrimonial injustificado, en contravención con las normativas vigentes sobre la probidad pública y la transparencia.
