César González, representante de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, fundamentó el rechazo de su sector a la invitación del gobierno para dialogar sobre la disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado. Según González, la norma tiene un carácter confiscatorio que atenta contra los intereses de comerciantes y productores, por lo que insistió en su derogación inmediata.
El dirigente afirmó que “no existe posibilidad de negociación” y advirtió que el sector se encuentra en alerta. Además, anunció un ampliado nacional que se llevará a cabo el próximo 30 de enero en la ciudad de Sucre. En esta reunión, los gremiales analizarán estrategias de presión en caso de que el gobierno no brinde una respuesta favorable a sus demandas.
PANAMERICANA.
