El dirigente de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, anunció que su sector se encuentra en estado de emergencia debido a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025. Según indicó, esta norma es perjudicial para el gremio y debe ser derogada antes del 11 de marzo, fecha límite otorgada al Gobierno.
“Si no hay respuesta favorable, tomaremos medidas de presión a nivel nacional”, advirtió Cahuana.
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, desestimó las amenazas y aseguró que el Gobierno ha mostrado apertura para explicar los alcances de la normativa. Según Silva, las movilizaciones responden a intereses políticos y no a preocupaciones reales del sector gremial.
